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Para seguir la recomendación del Consejo de Europa de facilitar una relación más estrecha entre los Estados miembros de la UE, el Gobierno español defendió en 2002 la educación para la ciudadanía democrática como "un factor de cohesión social, de comprensión mutua, de diálogo y de solidaridad". Por este motivo, el Consejo de Ministros resolvió que la educación para la ciudadanía "debería estar en el centro" de las políticas educativas.
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