Sebastián Cano, Vice-consejero andaluz de Educación: "La enseñanza de Educación para la Ciudadanía es irreversible, por mucho que se empeñen los sectores conservadores". 

Victorino Mayoral (Fundacion Cives): "Estoy radicalmente en contra del adoctrinamiento, que ya rechazó  en su día la Institución Libre de Enseñanza".

Jose Antonio Solorzano (FERE): "Es necesario un pacto educativo en España, para evitar que esta importante materia formativa se convierta en arma arrojadiza".                                                       _______________________________________________

     Medio centenar de profesores, técnicos e investigadores del ámbito educativo participaron los días 7 y 8 en Granada, en la Jornada que sobre Educación, Ciudadanía y Democracia organizó  la Fundación Cives.  El objetivo fue reflexionar, analizar y compartir  experiencias de la acción educativa tras la implantación de EpC en el sistema educativo español.

 El viceconsejero de Educación de la Junta de Andalucía, Sebastián Cano, aseguro  que la “implantación de la asignatura  Educación para la Ciudadanía  en España y en la propia Comunidad Autónoma,  es irreversible por mucho que se empeñen los sectores conservadores, cuya información falseada y sobredimensionada en determinados medios de comunicación ha creado una fuerte polémica de carácter político e ideológico, pero afortunadamente alejada de los centros escolares”.  Cano avanzó que  “el número de solicitudes de objeción de conciencia sobre la asignatura  a  es de 1350 sobre un total de 170.000 alumnos”. “Su incidencia real en 2007 también fue mínima para 3º de ESO ya que afecto a 468 alumnos de un total de 95.000”.

Ante la pretensión de suspender  en los tribunales de manera cautelar la implantación de los contenidos curriculares, el viceconsejero  andaluz aseguro que “estos sectores se resisten a perder el control de las conciencias y temen realmente la libertad”. Cano cree que “tratan de frenar la consolidación de un modelo de ciudadanía activa que distingue entre los deberes y derechos cívicos comunes y las opciones religiosas individuales”. En su opinión, “el Estado no puede ser neutral, porque pretender que  este no cultive las virtudes públicas es el primer paso para la destrucción de la democracia”. “En una sociedad plural como la nuestra –añadió- es preciso que el profesorado ofrézcalos instrumentos cognitivos, metodológicos e históricos para que sea el propio alumnado el que, ejerciendo su capacidad critica de pensamiento, configure su propio mundo valorativo”.

El viceconsejero de Educación de Castilla La Mancha, Pedro Pablo Mansilla, por su parte, se mostró partidario de establecer un debate sobre las obligaciones y los limites de los poderes públicos y el Estado  que permita el desarrollo y la imparticion de la asignatura por encima de las polémicas,  sobre los limites de la acción educativa de los padres, sobre el papel de la multiculturalidad como factor de integración social y posibilidad de revisar los acuerdos con la Santa Sede para evitar cualquier tipo de soberanía ajena a la nacional. Mansilla pidio un Pacto Educativo, social y político, entre todos los sectores que, sin renunciar a la ideología, permita avanzar a una sociedad civil activa para intercambiar ideas y el compromiso claro del profesorado.  El viceconsejero cifro en 120 el numero de autos de suspensión cautelar de la obligación de asistir a clase en Castilla La Mancha, aunque solo 17 tienen carácter firme sobre un total de 55.000 alumnos.

Javier Vidal, Director general de Evaluación del Ministerio de Educación, recordó  los pronunciamientos contradictorios de ocho Tribunales Superiores de Justicia de las CC.AA., a favor o en contra de la asignatura (Andalucía, Rioja, Asturias, Navarra, Baleares, Valencia, Cataluña y Castilla la Mancha). Ellio hace necesario, en su opinión  una jurisprudencia superior que acabe con la polémica y la crispación “para dedicarse a enseñar a las nuevas generaciones y a convivir en democracia”.

El presidente de la Fundacion Cives,  Victorino Mayoral, consideró que hay que evaluar la -a su juicio-  plena implantación de la asignatura en España, “con sus luces y sombras, desviaciones y conflictos, a imagen de Europa, incorporando un debate sereno y sin estridencias”. También afirmo estar ”radicalmente en contra del adoctrinamiento, que ya rechazo  en su día la Institución Libre de Enseñanza y el mismo Giner de los Ríos”, y abogó por “mantener el respeto a la conciencia de los ciudadanos, de los pueblos y los derechos de los padres.”  Cives,  “apuesta por secundar  el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos, pero también por aplicar los preceptos constitucionales”.  Según Victorino Mayoral, “se trata de desarrollar la materia de Ciudadanía de acuerdo a los postulados del informe europeo Euridice, con el objetivo esencial de proporcionar cultura democrática, generar actitudes y valores y participar activamente”. “Educación para la Ciudadanía pretende generar un modelo humano de acuerdo a los postulados de Montesquieu, esto es: promover la virtud cívica y formar ciudadanos para servir a la sociedad”.

El representante de la FERE (Federación de Religiosos de la Enseñanza), Jose Antonio Solorzano, abogo por “establecer un pacto educativo en España, para evitar que esta importante materia formativa se convierta en arma arrojadiza”, y negó que su organización haya hecho “ninguna concesión  o transacción económica para salvar las ayudas o conciertos con el Estado,  ya que todos estamos obligados al cumplimiento de la ley y a aplicarla según el ideario de los centros”.  Solorzano rechazó que la asignatura EpC haya supuesto ningún tipo de adoctrinamiento, ya que esta, en su opinión,  se puede dar incluso  al  impartir  literatura. Para Solorzano, “la polémica creada ha servido al menos para que los padres se preocupen por la formación moral de los hijos y ayuden a pensar críticamente”.  “¡Que Dios reparta suerte!”, concluyó.  

Parafraseando a Maria Zambrano, el catedrático Antonio Granados,  recordó que “la democracia es la sociedad en la que no solo esta permitido sino exigido ser persona, de ahí la necesidad de una adhesión activa de los ciudadanos a los valores que la sustentan.” Conscientes de ello, los legisladores incluyeron la “educación en valores” en la promulgaron de  la LOGSE, cuyo espíritu  impregnó la propia Unión Europea aplicando el aprendizaje activo con el fin de preparar a los individuos para una ciudadanía activa y responsable”. Granados, patrono de CIVES, recordó como esta Fundación viene trabajando desde hace una década por la consecución de una ciudadanía plena en un estado social y democrático de derecho.