“Estamos hoy aquí para debatir cómo podría implementarse en nuestro país un modelo avanzado y europeo de formación democrática y en valores cívicos y constitucionales, de carácter curricular y transversal para todos los alumnos y alumnas”. Con este planteamiento del presidente de la Fundación Cives, Victorino Mayoral, arrancaron las Jornadas Europeas de Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos que se celebraron en el Parlamento de Andalucía los pasados 27 y 28 de junio.

El objetivo de estas jornadas fue abrir un foro de debate entre la comunidad española y europea de diferentes ámbitos -educativos, políticos, sociales…- para profundizar y promover esta educación, necesaria en la construcción de la democracia y en la formación de ciudadanos libres, críticos, responsables y participativos. “En una sociedad hegemonizada por los valores del individualismo, el consumismo, la competitividad a ultranza, la desvalorización de lo público y el abandono del servicio al interés general, debemos resaltar el contrapunto crítico que representan las organizaciones sociales no lucrativas para la difusión de valores solidarios, de cohesión social y trabajo en común a favor de intereses y derechos personales y colectivos”, añadió Mayoral.

El acto se organizó después de que centenares de organizaciones sociales españolas y europeas unieran sus fuerzas durante 2013 para manifestar, mediante un memorándum enviado al Consejo de Europa, su preocupación por la decisión del Gobierno español de eliminar esta materia del currículo oficial con la incorporación de la LOMCE. No es una batalla perdida: además del gran apoyo de organizaciones europeas, del propio Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, hay comunidades autónomas que han rechazado suprimir la asignatura. Es el caso de Andalucía, Asturias y Canarias, que han anunciado mantenerla en los centros educativos de su comunidad, a pesar de la nueva ley. “Desde nuestra perspectiva, la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos (EDCDH) no debería implicar ninguna ideología, sino defender las libertades y los derechos fundamentales de todos/as los/as ciudadanos/as”, declaró el presidente del Parlamento Andaluz, Manuel Gracia, en la apertura de las jornadas.

El Consejero de Educación de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, que también participó en la mesa inaugural, defendió que para educar ciudadanos/as socialmente integrados/as, es necesario darle un lugar destacado en la escuela a la enseñanza en valores para la convivencia. “Andalucía ha mantenido Educación para la Ciudadanía porque queremos ciudadanos y ciudadanas capaces de pensar y actuar por sí mismos. No máquinas, ni trabajadores dóciles sin criterio”, aseguró. Para conseguirlo, según anunció Alonso, Andalucía empleará el margen legal que le permite configurar el 35% del currículo. Lo hará incluyendo el área de Educación para la ciudadanía y los derechos humanos dentro del bloque de asignaturas obligatorias de libre configuración autonómica y se impartirá en 5º de primaria y en 3º de secundaria.

Las claves del debate

El papel de la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos humanos (ECDDH) ante la crisis de la democracia, su situación en España y en el resto de países Europeos y la movilización de la sociedad civil por su impartición fueron los puntos que se trataron en estas jornadas a las que asistieron y participaron miembros de ONG españolas y europeas, el sector universitario andaluz y varios representantes de partidos políticos.

En la primera mesa redonda, ‘ECDDH ante la crisis democrática’, se debatió cuál es el papel que juega la educación en la consolidación de una verdadera ciudadanía democrática. Gregorio Cámara, catedrático en Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, señaló que la enseñanza de la ECDDH es uno de los elementos esenciales para la construcción de un mundo más justo, defensor de los derechos y la dignidad. “La educación en ciudadanía es educación para la humanidad”, dijo. “El objetivo consiste precisamente en construir una competencia ciudadana y social desde una pedagogía democrática pluralista que, partiendo del reconocimiento de la igual dignidad de toda persona y de sus derechos, haga posible su desarrollo en la realidad”, completó Cámara, que añadió que en España tenemos la obligación de seguir reivindicando esta materia si queremos evitar volver al empobrecedor sistema de alternativa de elección entre la clase de religión o valores cívicos.

Manuel Dios, director de la Fundación Cultura de Paz en Galicia, insistió en la crisis que sufre hoy en día la democracia. “Los ciudadanos y ciudadanas dudamos de la salud de nuestro sistema. Hemos comenzado a preguntarnos qué clase de democracia queremos. No nos vale la que tenemos ahora porque es autoritaria o, dicho de otro modo, es una dictadura de los mercados, donde priman los recortes”, denunció y lamentó la sustitución de los valores cívicos por los valores de mercado, que se alejan “de la educación, la ciudadanía, los Derechos Humanos, la interculturalidad, los acuerdos y, en definitiva, de la Cultura de Paz”.

Por su parte, André Lara, de la Academia Cidadã, acercó a los asistentes al caso portugués, donde la Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos fue eliminada hace ya un año de su currículo escolar oficial. “La escuela en Portugal era un espacio de participación, pero en 2013, el Gobierno eliminó todas las materias relacionadas con la educación cívica alegando recortes”, criticó Lara, que como contrapunto informó que desde que se puso en marcha esa medida comenzaron a abrirse canales en la educación no formal para compensar su eliminación. Además, Leonie Martin de la organización Jóvenes Federalistas Europeos, puso de manifiesto la necesidad de trabajar este tipo de educación en todos los países para corregir la escasa participación política que se volvió a poner de manifiesto en los últimos comicios europeos.

En la segunda tanda de participaciones, el tema a tratar se centró en el sistema educativo español. Se planteó si bastaría la transversalidad para la implantación real de la materia, tal como defendió el Gobierno ante la crítica y la presión social. Tanto Guillermo Meijón (PSOE) como Caridad García (Izquierda Plural) respondieron, convencidos, que no sería suficiente. “La LOMCE es una ley mercantilista y segregadora y, por tanto, evitará a toda costa introducir los valores cívicos en el material didáctico y escolar”, advirtió García. Esto nos lleva a una pregunta: ¿Por qué esa hostilidad a que el alumnado aprenda cuáles son los Derechos Universales?”.

El primer día de jornadas finalizó con la intervención de los representantes de las organizaciones europeas, que compartieron las experiencias en relación a la EDCDH en sus países, miembros de la UE. Así, en Francia se imparte a todos el alumnado desde los seis a los 18 años, según contó Pauline Bozec, de Association Civisme et Démocratie – CIDEM; en Noruega, Lillian Hjorth explicó que se lleva trabajando desde hace 10 años y añadió que en esta sociedad crecientemente intercultural es necesario introducir este tipo de educación para llegar a la convivencia. Sin embargo, apuntó que la enseñanza de la materia no es suficiente. “Queda todavía mucho por hacer. Debería impulsarse en la educación formal, ya que la ECD/DH trata de cambiar para mejor las sociedades europeas”, indicó. Por su parte, el representante de Civic Education Center, Petr Cap explicó que en el caso de la República Checa, el enemigo no es tan visible como en España. “Mientras vosotros lucháis contra un partido político o el Gobierno, nosotros luchamos contra algo invisible: la ignorancia”, señaló.

Ernesto Gómez, presidente del Consejo Escolar de Andalucía, puntualizó que el problema con respecto a esta materia es que la UE solo recomienda que se enseñe, cuando debería ser una materia de obligatoria impartición. “Hay mucha laxitud con respecto a la ECDDH y muy poca formación del profesorado”, lamentó.

En la última mesa, celebrada el sábado 28 de junio, el epicentro del debate se situó en la demanda de la sociedad civil europea por la impartición de la ECDDH y la participación en el sistema educativo español. “No basta que el profesorado eduque en ciudadanía. Es necesario que las familias participen y formen a sus hijos/as en este sentido”, puntualizó Antonio Bolívar, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Granada, que propuso una acción conjunta a nivel institucional, curricular, no formal y familiar para que las posibilidades de la materia se amplíen. “Educar ciudadanos debe ser una demanda social. Debiera estar al margen de controversias políticas, ideológicas o partidistas, pues se trata de los valores compartidos que, para la convivencia cívica, toda la ciudadanía debe practicar”, defendió Bolívar.

Esteban Ibarra, de Movimiento contra la Intolerancia añadió, en este sentido, que la EpC previene y protege los Derechos Humanos. “Por eso, necesitamos recuperarla y plantear un nuevo modelo sensato de diversidad, a través del compromiso. Si no terminaremos teniendo una escuela jerárquica, vertical y antidemocrática”, aseguró en un discurso en el que puso en evidencia los grandes riesgos a los que nos enfrentamos en la actual situación. “Si no hay cambio, no hay futuro” sentenció.

Definitivamente, la idea de base que todos y todas los participantes reivindicaron en las Jornadas Europeas de Educación para la Ciudadanía Democrática y los Derechos Humanos es que sólo se puede lograr una democracia plena si educamos en ciudadanía.

Intervención completa de Victorino Mayoral, presidente de la Fundación Cives. 

Intervención completa de Luciano Alonso, Consejero de Educación de la Junta de Andalucía.