La palabra es libre; la acción muda; la obediencia, ciega. - Johann Christoph Friedrich von Schiller

 
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El colectivo Lorenzo Luzuriaga aboga por un pacto educativo entre partidos en pleno año electoral

Madrid, 10 de Marzo de 2015

Educación

El colectivo Lorenzo Luzuriaga aboga por un pacto educativo entre partidos en pleno año electoral


Sin duda, la educación ocupará un amplio espacio, como siempre lo ha hecho, en el debate público que se abrirá este año con motivo de las elecciones municipales, autonómicas y generales. Y como suele ocurrir, es probable que los programas electorales de educación de los diversos partidos hagan hincapié más en los aspectos que los diferencian que en otros que, carentes de carga ideológica, podrían ser
consensuables, además de incidir profundamente en la mejora de la educación.

Partiendo de esta premisa, el colectivo Lorenzo Luzuriaga ha seleccionado una serie de objetivos educativos que reúnen una doble característica: son muy relevantes para la educación y son perfectamente consensuables por los partidos políticos y los agentes sociales del amplio mundo de la educación. Pero antes de enumerar las actuaciones que se proponen se estima necesario hacer unas consideraciones previas.

Al elaborar los programas electorales se debería tener en cuenta la distribución de competencias educativas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, así como la distribución del gasto público. Si se acepta que el Estado sea constitucionalmente garante de la igualdad básica de todos los ciudadanos, sea cual sea la autonomía de pertenencia, hay que preguntarse si puede cumplir esa función con la financiación de que viene disponiendo.

Las leyes de educación no sólo tienen un impacto en la mejora de la calidad de la educación menor de lo esperable, sino que contribuyen, a causa de su proliferación, a mantener un debate ideológico continuo que en nada contribuye a la estabilidad del sistema educativo. Leyes y reformas legales, sean del Estado o de las Comunidades Autónomas, cuantas menos mejor. Los reglamentos y los recursos son instrumentos suficientes para generar mejoras importantes.

El pacto en educación es necesario. Si no es posible, o alcanzable, un pacto general, se puede y se debe intentar un acuerdo de mínimos sobre políticas orientadas a mejorar la educación. Un acuerdo sobre el diagnóstico del sistema educativo, sobre los problemas más importantes que arroje ese diagnóstico y sobre las políticas encaminadas a resolverlos es posible.

La escuela pública no puede seguir siendo responsabilidad de la izquierda. Salvo un determinado sector de la derecha que no le interesa el papel de integración social, cultural e interterritorial que cumple la escuela pública, y otra porción de la izquierda que no acepta el papel de la enseñanza privada concertada en la prestación del servicio público de la educación, es posible un pacto por la escuela pública.

En el contexto de las reflexiones anteriores, se propone a continuación, sin otras posibles, un conjunto de actuaciones que se han elegido porque a pesar de su importancia para el sistema educativo quedan a veces diluidas entre las que se proponen en los programas electorales y porque por su naturaleza son perfectamente asumibles en cualquier programa electoral y objeto, por consiguiente, de un posible pacto o consenso.

El aumento del éxito escolar al terminar la educación secundaria obligatoria y la disminución del abandono escolar temprano en la educación postobligatoria están al alcance de la mano mediante una actuación conjunta del Estado y de las Comunidades Autónomas. Por otra parte, la sustitución del título de graduado escolar por una certificación de las competencias adquiridas por los alumnos erradicaría la práctica expulsión del sistema educativo de los alumnos que no lo obtienen.

A pesar de que todos los discursos educativos se cierran con las consabidas alabanzas al profesorado y a resaltar su papel fundamental en el proceso educativo, la formación del profesorado es uno de los grandes problemas pendientes de la democracia española. Una reforma profunda y sistémica tanto de la formación inicial como de la permanente debe ser abordada, máxime teniendo cuenta las profundas reformas que han experimentado los estudios universitarios como consecuencia de la pertenencia de España a la Unión Europea.

Es necesaria una profunda revisión del currículo actual, fruto de una yuxtaposición de conocimientos acumulados a lo largo del tiempo poco acorde con los cambios científicos, tecnológicos y sociales de este nuevo siglo. La creación de un Instituto Nacional de Desarrollo Curricular que, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Evaluación, asumiera la función de seleccionar los saberes que los alumnos deben aprender en el sistema escolar, podría dar respuesta a las necesidades curriculares de una sociedad cambiante, actualizando el currículo de modo permanente en el marco de un aprendizaje a lo largo de la vida de las personas.

La formación profesional, por su importancia intrínseca para la cualificación profesional y para la sociedad productiva, es un asunto de Estado. Dado que la formación profesional no depende exclusivamente del sistema educativo, aunque éste sea una pieza clave para su desenvolvimiento, su diseño y una oferta de calidad requieren la cooperación de la Administración del Estado (Ministerios de Educación y Empleo), de las Comunidades Autónomas y de los agentes sociales y económicos afectados (sindicatos y patronal). Es necesario que la formación profesional sea una auténtica y sostenida prioridad de los poderes públicos, abordándose en todo caso como una política de Estado.

La necesidad de la evaluación del sistema educativo, tanto en su globalidad como en los elementos que lo componen, no es objeto hoy de controversia. Sin embargo, sólo el alumnado ha sido y es objeto de evaluación, pero sólo sabremos verdaderamente el estado y la situación real del sistema educativo cuando se evalúen también a los profesores, a los centros docentes, el currículum y la planificación y gestión de los recursos que hacen las Administraciones educativas, tanto del Estado como de las Comunidades Autónomas.

Colectivo Lorenzo Luzuriada. Marzo de 2015

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